La institucionalidad democrática de El Salvador afronta un grave reto por violaciones constitucionales para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, esa nación tiene una Corte en la que una mayoría de los magistrados, incluyendo a su nuevo presidente, fue escogida ilegalmente y en la que varios integrantes tomaron posesión del cargo por la fuerza. Además, el presidente legítimo de ese poder, según decisión de la Sala Constitucional, fue removido arbitrariamente del puesto e impedido de cumplir sus funciones.
Esta situación anómala ha creado un serio conflicto entre fuerzas sociales y plantea evidentes problemas de inseguridad jurídica. Pero lo más grave es que representa una ruptura de las reglas democráticas básicas, pues uno de los poderes del Estado está parcialmente integrado de facto.
Génesis de la crisis. El detonante de este conflicto fue el cambio en el balance de fuerzas tras las elecciones legislativas de medio periodo el pasado 11 de marzo. El partido oficialista, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), perdió cuatro curules y el opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pasó a ser el primer grupo parlamentario con 33 diputados (de 84 en total).
A pesar de ese revés, el izquierdista FMLN logró conservar la mayoría simple en el nuevo Congreso, gracias a la alianza de conveniencia que tiene con el partido GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional), del expresidente Antonio Saca, y con el Partido de Conciliación Nacional (PCN), aunque ambos son de la vertiente derechista.
Los resultados legislativos generaron un cambio crucial. En la Asamblea Legislativa del periodo 2009-2012, el FMLN y sus aliados tenían más de dos tercios de los votos. Por lo tanto, reunían mayoría calificada para elegir magistrados. En cambio, en el nuevo Congreso para 2012-2015, que asumió en mayo, perdieron ese privilegio pues Arena tiene más de un tercio de los votos.
A punto de perder la mayoría calificada de que gozaba en el anterior Congreso, la unión entre el FMLN, GANA y el PCN decidió aprovecharla para nombrar, en los últimos momentos 6 días antes de que los antiguos diputados dejaran sus cargos, a 5 nuevos magistrados, que son un tercio del total de la Corte Suprema de Justicia, y un nuevo presidente del Poder Judicial.
Sin embargo, la Constitución de El Salvador establece claramente que corresponde a cada nuevo Congreso nombrar un tercio de los magistrados y sus respectivos suplentes para servir en el cargo nueve años. De este modo, ninguna Asamblea Legislativa específica puede elegir más de un tercio de los magistrados. Esto procura evitar, precisamente, que se llene la Corte con amigos de una mayoría legislativa circunstancial.
El Congreso saliente ya había designado, en el año 2009, el tercio de magistrados al que tenía derecho. Por esa razón, no podía elegir más magistrados, pues correspondía a los nuevos diputados escoger los 5 magistrados en este año. Sin embargo, la mayoría legislativa del FMLN, GANA y el PCN quebrantó la limitación constitucional.
Desacato constitucional. Dicha designación fue impugnada ante la Sala Constitucional, que el pasado 5 de junio declaró por unanimidad la nulidad de dicho nombramiento porque el derecho de elegirlos correspondía al actual Congreso.
La Sala también declaró que era inconstitucional el nombramiento de cinco magistrados hecho, en similares circunstancias, por el Congreso 2003-2006, dominado en aquel entonces por Arena.
En consecuencia, el órgano de constitucionalidad ordenó que la actual Asamblea Legislativa resolviera la situación de los magistrados nombrados en el 2006 y que, además, escogiera a los cinco magistrados a los que tiene derecho constitucionalmente.
Sin embargo, los congresistas del FMLN, GANA y el PCN, que tienen mayoría simple y controlan la Presidencia de la Asamblea Legislativa, se niegan a cumplir esa sentencia de la Sala Constitucional. Para eludirla, plantearon un recurso ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), donde el FMLN tiene influencias gracias al apoyo del mandatario nicaraguense Daniel Ortega. Dicha corte acogió el recurso para su estudio y decretó la suspensión del fallo de la Sala Constitucional salvadoreña.
Dado que la Sala Constitucional de El Salvador es la máxima autoridad del país en la materia, es muy remoto que la CCJ posea jurisdicción en el asunto. No obstante, en el ínterin el FMLN y sus aliados instalaron de oficio a sus magistrados afines, una línea de acción similar a la que siguió Ortega para integrar ilegalmente la Corte Suprema de Nicaragua.
No deja de llamar la atención el silencio de la OEA ante el grave quebranto de normas constitucionales en El Salvador. De hecho, el secretario general del organismo hemisférico, el chileno José Miguel Insulza, visitó El Salvador la semana pasada, pero eludió puntillosamente abordar el tema, arguyendo que se trataba de un asunto "interno". Esto contrasta con la rapidez que Insulza evidenció para viajar a Paraguay la semana pasada.
Quienes tienen verdaderas convicciones democráticas, no pueden menos que ver con inquietud la violación deliberada de normas y fallos constitucionales en El Salvador, por el riesgo que implican para el proceso democrático seguido por este país durante dos décadas. Ni el Gobierno ni la oposición son totalmente inocentes. Hoy, unos hacen lo que ayer criticaban y viceversa. Pero están jugando con fuego. Ambos bandos deben recuperar la capacidad de diálogo y la responsabilidad y madurez política para superar este grave retroceso democrático que está sufriendo El Salvador.