La administración Obama ha decidido apoyar el Tratado de Libre Comercio con Panamá, al que hasta ahora se oponían tenazmente los demócratas, según anunció el Representante de Comercio de los Estados Unidos, embajador Ron Kirk, ante un comité del Congreso estadounidense la semana anterior. Este es un giro dramático en la política comercial, pues en la campaña electoral el presidente Obama se opuso claramente al libre comercio. En efecto, el TLC con Panamá sería el primer paso, que según anunció Kirk tendría lugar en el mes de junio y sería complementado con acciones para que también, antes de fines del presente año, se apruebe el TLC con Colombia, una fuente aún mayor de controversia en las filas demócratas. También hay luz verde para luego seguir con el TLC con Corea del Sur.
Ajuste mayor. De tanta o mayor relevancia es el ajuste profundo que esto implica en la política de los demócratas hacia el hemisferio: la administración parece haber decidido, correctamente, que es imperativo enviar señales de apoyo a sus aliados políticos en la región en vez de ceder a las presiones de los sindicatos norteamericanos y sus aliados entre las filas demócratas.
A pocos días de la exitosa participación de Obama en la V Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, y en el contexto de la crisis económica mundial, ahora agravada en el hemisferio por la amenaza de la gripe porcina, esta decisión sin duda refleja que la administración Obama no abandonará el campo de juego a Hugo Chávez y sus seguidores, sino que adoptará medidas prácticas para fortalecer su posición regional y respaldar a los líderes democráticos que impulsan políticas responsables.
Kirk fue claro al señalar que la Administración quiere resolver lo relativo al TLC con Panamá dentro de las próximas semanas, y los aspectos concernientes al TLC con Colombia antes de finales de este año. Las objeciones de congresistas demócratas al acuerdo comercial con Panamá se centran en dos aspectos fundamentales: los derechos laborales (la sempiterna causa, que muchos consideran pretexto proteccionista, de los sindicatos estadounidenses) y la legislación panameña relativa al secreto bancario y el alegado abuso de su sistema financiero para evadir impuestos.
La idea es aprovechar el período entre las elecciones panameñas de este domingo, que las encuestas indican sería ganada por el candidato opositor, Ricardo Martinelli, y el traspaso de poderes, previsto para el próximo 1 de julio, para que la Asamblea Nacional panameña introduzca cualquier cambio legislativo que sea necesario para facilitar la aprobación del TLC en el Congreso norteamericano, pues el actual Presidente panameño, Martín Torrijos, quiere dejar firmado el tratado por el que tanto ha luchado. Las mismas autoridades estadounidenses reconocen que cualquier cambio se enfocaría ahora a los derechos laborales, pues no hay tiempo para adoptar reformas en la legislación financiera. Por su parte, Martinelli ha dicho que será un aliado aún mayor del Gobierno estadounidense, por lo que no es de esperar que los legisladores panameños que lo apoyan obstaculicen las modificaciones.
Batalla en el Capitolio. Aunque la administración Obama aún no ha enviado formalmente el TLC con Panamá al Congreso, ya está informalmente buscando los votos para su expedita aprobación. Claro que los enemigos jurados del libre comercio que destacan en las filas demócratas harán lo posible por descarrilar este giro político. Los representantes Mike Michaud (Maine) y Phil Hare (Illinois), así como el Senador Sherrod Brown (Ohio), ya lanzaron ataques contra la iniciativa gubernamental.
Pero el apoyo de Obama al acuerdo haría que más legisladores demócratas se inclinen a apoyar el TLC, una vez que Panamá haya introducido los cambios legales que se acuerden. Así lo dejó entrever el propio líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer (Maryland), el pasado 22 de abril, en una conferencia de prensa. Además, importantes grupos empresariales han expresado ya su decisión de abogar fuertemente por el Tratado una vez que la Administración lo remita oficialmente al Congreso.
Esta nueva política, pragmática y sensata, que articula tanto una visión más abierta hacia el libre comercio como una postura política de apoyo a los aliados en el continente, representa sin duda alguna un vuelco de gran trascendencia para el futuro de las relaciones entre la región y los Estados Unidos. En los difíciles momentos actuales, éste es un signo positivo y esperanzador para nuestros países.