Empiezan a avizorarse, finalmente, elementos para una solución negociada a la crisis política en Honduras. Esto es el fruto de la acción diplomática que ha ido tomando el papel central que siempre debió tener, tras la necesaria rectificación de los muchos tropiezos y torpezas iniciales de actores como la Organización de Estados Americanos (OEA). Ahora hasta el secretario general Insulza hace ver que aún hay espacio para la negociación y la búsqueda de acuerdos.
La realidad pura y sencilla es que crisis políticas como la de Honduras impactan de modo directo el nivel de vida de la ciudadanía, y no tanto a las élites políticas. Las sanciones comerciales y económicas afectan más al pueblo que a quienes dirigen uno u otro de los bandos en conflicto. La crispación política priva a la ciudadanía de la tranquilidad necesaria para enderezar su atención hacia combatir la exclusión que azota al tercer país más pobre del continente, y para ello es irrelevante si una marcha es en favor de Zelaya o de Micheletti.
Un primer paso, faltan más. Asegurar la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño, es mucho más importante que los intereses de cada bando. Los principales actores de la crisis hondureña están llamados a hacer sacrificios en atención al interés de su Patria.
Ambos tendrán que ceder significativamente para alcanzar un acuerdo viable, y la comunidad internacional debe promover y acuerpar esa actitud.
Roberto Micheletti ha dado ya el primer paso indispensable, al expresar oficialmente ante el grupo de cancilleres conformado por la OEA, su disposición a abandonar el cargo en el marco de una negociación para solucionar el conflicto. Reconoce así lo que tuve ocasión de señalar desde el pasado 9 de julio, en el sentido de que el realismo político obligaba a reconocer que Micheletti tampoco podría operar efectivamente (pues) no es aceptable para Zelaya y los sectores de la población que apoyan a este.
Pero falta aún la otra mitad. Ese mismo realismo político indica que Manuel Zelaya tampoco tendría posibilidad alguna de operar en una armonía mínima con el resto de las instituciones hondureñas. Todas se le oponen. Empero, Zelaya aún no ha dado muestra alguna de estar dispuesto a anteponer los intereses superiores del pueblo hondureño a los propios.
Retorno inviable. La inviabilidad de un retorno de Zelaya a la Presidencia no tiene ya que ver únicamente con factores políticos. Ahora, está relacionada, también, con crecientes indicios de corrupción pura y simple en su gestión de gobierno, en su más cercano entorno. Desde el mes de abril, mucho antes de su expulsión, las autoridades penales hondureñas están investigando un caso de soborno por más de un millón de dólares, que envuelve a Hondutel, la empresa estatal de telecomunicaciones. Las pruebas son abundantes. La compañía que pagó el soborno a cambio de obtener precios preferenciales, denominada Latinode, confesó su responsabilidad ante las autoridades estadounidenses y brindó nombres de funcionarios involucrados en el desfalco. El exgerente de Hondutel y hombre cercano a Zelaya, Marcelo Chimirri, fue encarcelado bajo la acusación de cohecho.
Otro escándalo envuelve al designado de Zelaya para la vicepresidencia y ministro de Defensa hasta la crisis, Arístides Mejía, así como a la entonces ministra de Finanzas, Rebeca Santos, por su participación en un dudoso caso de alquiler de un edificio donde el Tribunal Superior de Cuentas hondureño detectó irregularidades por una suma cercana a los 800.000 dólares, en un lapso de 11 meses. Esto, por no mencionar las denuncias de millonarias desviaciones de fondos relacionadas con el proceso para promover un referéndum sobre la reelección.
Es claro que la solución a la crisis no será proveída por el regreso de Zelaya ni por la permanencia de Micheletti. El país necesita retomar una vida normal, y un elemento fundamental para ello lo proveen las elecciones previstas para noviembre. Tanto las elecciones en sí como los candidatos de ambos partidos se originaron antes de la crisis. De hecho, uno de los candidatos, Elvin Santos, fue el vicepresidente de Zelaya y contó con su apoyo en la convención interna precisamente contra Roberto Micheletti. Si se puede crear un clima de normalidad en el país, que permita un desarrollo natural de la campaña y un proceso eleccionario transparente, Honduras podría por fin contar con un mandatario legitimado, que pueda fomentar la unidad y reenfocar el país hacia lo que realmente es prioritario; es decir, promover el desarrollo y reducir la pobreza que agobia al pueblo hondureño.