De las sombras del turbio pasado político de Argentina, una vez más ha emergido Cristina Fernández de Kirchner, la polémica exjefa de Estado. Conocida por sus pretensiones dictatoriales, Cristina dejó huellas hondas en su asalto constante contra la Tesorería de la nación y el robo descarado de fondos para sufragar sus sueños febriles de ser una Evita Perón rediviva.
Esta peculiar Evita, sin embargo, ha carecido de nortes benéficos, excepto para apostar sus cincos a dictadores de Latinoamérica, principalmente Hugo Chávez y Daniel Ortega.
Las autoridades argentinas la incriminan ahora por el racket corruptivo que montó para embolsarse los fondos destinados a mejorar las vías públicas de Santa Cruz, su provincia natal. Esto operó durante los 12 años de la administración de su finado esposo Néstor y, de seguido, los dos gobiernos suyos.
La presente acusación se suma a muchas otras que encara Cristina, todas en torno al mismo tema delictivo. La expresidenta ridiculizó los cargos como una treta de gobiernos (léase Mauricio Macri) adversos a sus “programas sociales”.
No es dable olvidar que el fiscal Daniel Nisman, fallecido en circunstancias sospechosas el 14 de enero del 2015, investigó y dictaminó una larga lista de delitos perpetrados por Cristina y sus socios del crimen. No menos extraño fue que la muerte de Nisman sobrevino horas antes de cuando planeaba presentar a la Corte la inculpación contra Cristina y sus 40 forajidos. Esta acusación fue acogida post mortem del intachable fiscal y se encuentra en trámite en los tribunales de Buenos Aires.
Los crímenes contemplados en ese legajo se refieren mayormente a los negocios especulativos emprendidos por Cristina como presidenta, utilizando fondos de los iraníes con quienes se asoció y a los cuales virtualmente eximió de la voladura del edificio que ocupaba el AMIA (Asociación Mutualista Israelita Argentina).Ella también encara cargos por ordenarle al Banco Central realizar transacciones especulativas en la Bolsa de Valores con “cuentas derivadas”, las cuales le ocasionaron al Estado pérdidas por $5.500 millones. El chiste en boga era que la Casa Rosada se había convertido en el Casino Rosado.
El juez en la causa de las obras públicas encontró que las tales construcciones eran mayormente ficticias o incompletas, y despachó el embargo por $640 millones de los haberes que le fueron congelados a doña Cristina.
Los enredos de Kirchner lucen cada día más complicados e insolventes. Ella dice apostar a una solución política “justa”, es decir, adiós a las deudas. Qué esperanzas para Argentina.